Por José Luis Reyes.
México es uno de los principales centros de origen de especies utilizadas en la agricultura mundial, somos un país megadiverso, centro de origen, diversificación y domesticación de más de 100 especies vegetales creadas, preservadas y diversificadas milenariamente por las comunidades campesinas e indígenas del país, señala Greenpeace México.
Añade la Organización que esta enorme riqueza se encuentra bajo la amenaza de ser apropiada y explotada por parte de las corporaciones transnacionales semilleras, a través de una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales, presentada como propuesta en la Cámara de Diputados que ha sido suscrita por legisladoras y legisladores de diversos partidos.
El proceso de diversificación vegetal de nuestro país, desarrollado por las comunidades campesinas, es una condición sin la cual no podremos adaptarnos y mitigar el calentamiento global y cambio climático, al proveer variedades heterogéneas resistentes a las condiciones ecológicas y climáticas cambiantes, además de ser una alternativa económica competitiva para el desarrollo nacional e internacional.
Al prohibir y restringir las prácticas milenarias de uso y manejo de organismos vegetales como el intercambio de semilla, su selección, resguardo para la siguiente siembra y venta, se detienen los procesos que originan y mantienen la diversidad dinámica de éstas y su entorno.
En ese sentido, de aprobarse esta iniciativa genera una dependencia a la compra de semillas a las pocas corporaciones que controlan el mercado mundial de semillas (Bayer-Monsanto, Corteva, Syngenta-ChemChina dominan el 65 por ciento de las ventas mundiales de agroquímicos y el 61 por ciento del mercado de semillas (FAO, 2017).
Se limita el libre uso e intercambio de semillas por las comunidades campesinas, pues las variedades generadas a través de estas actividades estarán cada vez más acotadas a un número restringido de semillas no sujetas al reclamo de propiedad intelectual, por ser variedades consideradas “esencialmente derivadas”. Este número de semillas puede llegar a ser nulo, como consecuencia de la inevitable e incontrolable contaminación de variedades protegidas hacia aquellas nativas.
La reforma permite a cualquier persona o empresa registrar como propio cualquier descubrimiento de organismos vegetales que no estén registrados previamente, sea patrimonio de comunidades originarias, pueblos campesinos o de cualquier otra persona.
Con una mínima modificación a las semillas o a cualquier parte vegetativa de las plantas domesticadas y desarrolladas con mejoramiento autóctono desde hace milenios por los pueblos originarios y los campesinos mexicanos, las empresas podrían privatizar y apoderarse del patrimonio de los campesinos y campesinas de México.
La criminalización: multas altísimas. La iniciativa establece sanciones que configuran una perspectiva punitiva desproporcionada con la realidad del sector campesino mexicano, incluso cuando el perjudicado lo manifieste como “temor fundado”, contraviniendo el Principio de Congruencias establecido en la Constitución Mexicana.
Por tanto, si se aprueba esta reforma nunca será posible llegar a la soberanía alimentaria en México, porque dejaremos que las corporaciones transnacionales se apropien de nuestras semillas. Se fomenta la irreversible dependencia de semillas y sus insumos para el campo y se pierde el derecho a decidir qué y cómo sembrar. Se regalará el poder sobre nuestro sistema alimentario a corporaciones como Bayer-Monsanto (inventor y principal productor del glifosato y transgénicos) que actualmente controla más de 30% del mercado mundial de las semillas.
